La UE y la teocracia marroquí

Parece que aun estoy viendo a la que fue ministra de fomento, Magdalena Alvarez Arza, presumiendo delante de las cámaras de la TVE en mayo de 2006, después de haber firmado un acuerdo de pesca con Marruecos en el que nuestro país obtenía 100 de las 119 licencias negociadas. Pero como siempre que se tratan asuntos relacionados con este país vecino, la información suele ser manipulada, interesada y normalmente incompleta, porque la señora ministra omitió el hecho de que en el mencionado acuerdo se habían incluido las aguas del Sahara Occidental, un territorio pendiente de descolonizar y para el cual, las Naciones Unidas en su Resolución 1803 (XVII) de 1962, define el principio de “soberanía permanente sobre los recursos naturales” que alcanza no solamente a los Estados soberanos, sino también a los pueblos que todavía no han ejercido el derecho a la autodeterminación. En la misma resolución se establece que son estos pueblos los que “autorizan, limitan o prohíben dichas actividades”. Es aquí donde hay que recordar que en ninguno de los acuerdos pesqueros firmados entre la UE y Marruecos se ha consultado al representante legal del pueblo saharaui “FRENTE POLISARIO”  para autorizar, limitar o prohibir, la explotación de sus recursos naturales.
En el mes de abril de este año finalizaba el acuerdo de pesca firmado en 2006 y todo hacía pensar, que después de los acontecimientos de los últimos años; “deportación forzosa de Aminatou Haidar en noviembre de 2009, el desmantelamiento del campamento de Geim Izik del Aiún en noviembre de 2010; con numerosas desapariciones y muertes sin resolver y continuando con la persecución, represión y castigo continuo hacia la población saharaui en los territorios ocupados del Sahara Occidental”, la UE seria más sensible a la hora de
continuar colaborando con un país que desprecia sistemáticamente la legalidad internacional y sobre todo, los derechos humanos, tanto en su territorio, como en el que ocupa ilegalmente desde hace 35 años en el Sahara Occidental.
Pues bien, la actual ministra  española de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Dña. Rosa Aguilar Rivero, ha peleado “con uñas y dientes” para conseguir renovar un acuerdo que viola la legalidad internacional y que envía un mensaje de apoyo y colaboración a la tiranía Marroquí, del mismo modo que condena al Pueblo Saharaui al ostracismo político, con todas sus consecuencias.
Por otra parte, conviene recordar que de las 100 licencias otorgadas a nuestro país (de las 119 negociadas para toda la UE), muchas de ellas no se van a utilizar, ya que los pescadores españoles, dudan de la rentabilidad de faenar en unos caladeros que han sido excesivamente explotados y donde la corrupción de las autoridades marroquís, hacen muy difícil obtener ninguna rentabilidad.
La pregunta se hace obligada: ¿Por qué a pesar de no ser rentable el acuerdo, la UE sigue entregando a Marruecos 36 millones de € anuales?
Este es su estilo  y así nos va.
Juanvi Luz
Vicepresidente de la ONG de Ayuda al Pueblo Saharaui Al-Amal de Valencia.

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